Sesión de control en el Senado

Raquel Sánchez defiende que la Ley de Vivienda ofrecerá un marco estable y facilitará el acceso a una vivienda digna y asequible

  • El anteproyecto de la nueva norma irá al Consejo de Ministros el próximo martes 26 de octubre.
  • La ministra ha explicado que la ley no plantea imponer con carácter general una limitación universal al precio de los alquileres de viviendas.
  • Para la responsable de Mitma, la futura norma ofrecerá una regulación homogénea en materia de vivienda y contribuirá a  dar seguridad jurídica.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha defendido hoy que la futura Ley de Vivienda ofrecerá una regulación homogénea y un marco estable en la materia para hacer efectivo el acceso a una vivienda digna y en condiciones asequibles a la ciudadanía, especialmente a lo más vulnerables y personas con menos recursos, y, en concreto, a los más jóvenes.

En la sesión de control al Gobierno en el Senado, la responsable de Mitma también ha remarcado que la futura norma estatal dará seguridad al pequeño propietario que alquila, que supone un 85% del parque de viviendas en España. Según ha detallado, la ley planteará ofrecer a estos propietarios incentivos fiscales y bonificaciones, que son medidas que ayudarán a plantear la congelación y la rebaja de precios.

Asimismo, durante su intervención, Raquel Sánchez ha afirmado que el anteproyecto de la nueva norma, que irá al Consejo de Ministros el próximo martes 26 de octubre, no plantea imponer con carácter general una limitación universal al precio de los alquileres de viviendas.

Tal y como ha explicado, la medida de la limitación del alza de precios de los alquileres de viviendas para determinadas localizaciones y para determinados tipos de propietarios se dirige a grandes tenedores personas jurídicas con el objetivo de que se produzca una rebaja.

En todo lado, la futura ley busca ofrecer seguridad jurídica y un marco homogéneo en el conjunto territorio, sin interferir en las competencias de las Comunidades Autónomas, las cuales serán las que tendrán que determinar si aplican las medidas contempladas en la norma estatal.

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